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Todo empezó el 10 de diciembre del año pasado. España y Marruecos aplazaron la cumbre bilateral que estaba prevista para ese mes y que llevaba desde 2015 sin celebrarse. En noviembre, el Polisario había reanudado las hostilidades contra Marruecos. Pocas horas antes del anuncio del aplazamiento, el presidente saliente Donald Trump había reconocido la marroquinidad del Sáhara Occidental. En la agenda había temas de gran importancia para las relaciones bilaterales, como la inmigración y las fronteras marítimas.

Desde entonces, las relaciones entre España y Marruecos han ido empeorando. La Unión Europea se resiste a las presiones marroquíes para que se reconozca su soberanía sobre el Sáhara Occidental. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está pendiente de resolución el recurso interpuesto por el Frente Polisario contra los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos que permiten al país norteafricano exportar a la Unión productos del Sáhara Occidental.

En España, la llegada de embarcaciones al archipiélago canario no ha cesado desde hace casi un año. Los incidentes en Mogán (Gran Canaria) de septiembre del año pasado fueron solo un ejemplo de la crisis que la inmigración ilegal está produciendo en el archipiélago. Sin duda, la crisis económica originada por la pandemia en el país vecino ha contribuido a agravar una tendencia que, sin embargo, ya es característica de la sociedad marroquí: el deseo de emigrar. Con más de 36 millones y medio de habitantes y un 26% de la población con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, hay regiones de Marruecos que son un polvorín. Por ejemplo, el Rif, donde hay protestas y disturbios desde 2016 a causa de la corrupción y la mala administración.

Marruecos ha adoptado, desde 2018, diversas medidas tendentes a presionar a España.

Hace ya más de dos años, acordó unilateralmente el cierre de las aduanas comerciales de Melilla, primero, y el freno a las mercancías provenientes de Ceuta después. Daba así sendos golpes al llamado «comercio atípico de frontera», que las autoridades marroquíes consideran contrabando. Los sucesivos asaltos a la valla de Melilla suelen coincidir con la relajación del control de la población de inmigrantes en situación ilegal que aguarda en las laderas del monte Gurugú y los alrededores de Beni Enzar y Farhana. Cuando se decretó el cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia de COVID-19, Marruecos no aceptó la repatriación de sus nacionales marroquíes que se encontraban en Melilla. Hubo que alojarlos y mantenerlos en la plaza de toros -la célebre «mezquita del toreo», en palabras de Corrochano- a costa de las autoridades españolas. En las dos ciudades autónomas, los menores extranjeros no acompañados han dejado de ser una cuestión de asistencia social para transformarse en un problema de orden público.

En torno al archipiélago canario, Marruecos ha extendido unilateralmente su zona económica exclusiva. En marzo de 2020, amplió su plataforma continental hasta 350 millas. Esto extendería la autoridad marroquí hasta el Sáhara Occidental y hasta parte de las aguas que España reclama como propias en torno al archipiélago canario. El Gobierno español protestó, pero solo eso.

Hasta ahora, España ha resuelto las cuestiones migratorias con aportaciones económicas tendentes a «reforzar» los medios con que cuentan las autoridades marroquíes. La última, de 30 millones de euros, se aprobó esta semana en plena oleada de inmigrantes en marcha sobre Ceuta. El Gobierno español ha anunciado que no cederá a las pretensiones marroquíes sobre la zona económica exclusiva en Canarias. A pesar del decidido apoyo de Podemos a las pretensiones del Frente Polisario, el Gobierno español no ha modificado su postura sobre el Sáhara Occidental. La cooperación hispano-marroquí en asuntos de seguridad y lucha antiterrorista ha sido determinante para que ninguna de las controversias entre los dos países haya precipitado una ruptura.

Marruecos explota la misma debilidad tanto de la Unión como de la propia España. La presión de la opinión pública, si se induce una crisis humanitaria, puede ser insoportable

Sin embargo, la asistencia sanitaria dispensada, bajo identidad falsa y en secreto, a Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario y querellado en España desde 2016 por un presunto delito de genocidio, ha enfurecido a las autoridades marroquíes. La cadena de desencuentros y conflictos que se vienen sucediendo desde 2018 -con incidentes incluso anteriores, como la interceptación de la lancha del rey Mohamed V por parte de la Guardia Civil en los alrededores de Ceuta en 2014- ha llevado a la actual crisis política, diplomática y de seguridad.

El año pasado, Turquía presionó a la Unión Europea abriendo las fronteras para que entrasen en Grecia miles de refugiados e inmigrantes irregulares a través del paso de Pazarkule. A cambio de controlar el flujo migratorio, exigía mayores ayudas de la Unión Europea. Las obtuvo. Ahora, Marruecos explota la misma debilidad tanto de la Unión como de la propia España. La presión de la opinión pública, si se induce una crisis humanitaria, puede ser insoportable.

Al mismo tiempo, Rabat distrae a la opinión pública de sus problemas internos, levantando dos de los estandartes del Marruecos moderno: la marroquinidad de las «provincias del sur» y la reclamación de Ceuta y Melilla.

Se ha devuelto a adultos desde Ceuta, pero decenas de menores no acompañados quedarán en España. No se sabe con certeza cuántos entraron en la ciudad. El viernes y el sábado pasados, en Melilla, ha habido nuevos intentos de saltar la valla que separa España de Marruecos.

El desencuentro continúa.

Imagen destacada: Migrantes esperan para intentar cruzar la frontera entre Marruecos y España por el paso del Tarajal, en Ceuta, durante la noche del 18 de mayo. | Agencia EFE